Atuneros indefensos
Durante estos últimos meses se ha difundido la noticia de los secuestros de los buques españoles en aguas somalíes por los piratas de aquellas tierras africanas. Uno de los últimos barcos secuestrados ha sido el “Alakrana” de Bermeo. Son siete los tripulantes que se suman a los que anteriormente ya fueron secuestrados y más tarde liberados. Este último suceso ha sido la gota que ha colmado el vaso y ya se han tenido que tomar cartas en el asunto, para tratar de buscar una solución lo antes posible.
Uno de los problemas es que, bajo la ley vigente, personal militar no puede ir embarcado en un buque civil.
Según confirmaron fuentes de Interior, se ha dado luz verde a la petición de los propietarios de varios buques ante la peligrosidad de estas aguas y los constantes asaltos de piratas a los barcos que operan en las costas del Cuerno de África. Se trata de una mera autorización administrativa que debe solicitar siempre cualquier empresa o institución que desee contar para su protección con algún tipo de seguridad privada. Ante esto se plantean dos problemas; el tipo de armas que la ley permite utilizar, que tiene potencia de fuego muy limitado y probablemente insuficiente para poderse defender de los ataques de los piratas, que vienen fuertemente armados, y el otro es la financiación de la seguridad privada, ya que el personal de seguridad cuesta 6.000 euros per capita. El gobierno ha acordado lo siguiente: el 25% lo pagará el Gobierno Central, otro 25% lo pagará el gobierno autonómico y el restante 50%, los armadores.
Viendo esto me siento obligado a comparar esta situación; los guardaespaldas de los políticos. Cuando una persona se convierte político, tiene derecho a tener un guardaespaldas financiado por el gobierno. El político al igual que el pescador tiene el mismo derecho a ejercer su profesión de manera segura, entonces por qué el político tiene el guardaespaldas pagado en su totalidad por el gobierno y el armador tiene que pagar el 50% de sus servicios? Parece un tanto injusto. Parece injusto por que al fin al cabo son dos personas que dan servicio a un país y las dos son importantes en sus funciones, una por que organiza un país y la otra ,junto a otros muchos compañeros de sector, sustentan la economía de dicho país.
Podrían haber varias soluciones al conflicto. La primera modificar la ley para que personal militar pueda embarcar en buques civiles al igual que lo hacen otros países europeos como Francia o Italia, la segunda, poder utilizar armamento más sofisticado por el servicio de seguridad privada y a la vez que esta sea financiada en su totalidad por el gobierno, ya que el pescador como cualquier otro trabajador forma parte de la economía del país.
Durante estos últimos meses se ha difundido la noticia de los secuestros de los buques españoles en aguas somalíes por los piratas de aquellas tierras africanas. Uno de los últimos barcos secuestrados ha sido el “Alakrana” de Bermeo. Son siete los tripulantes que se suman a los que anteriormente ya fueron secuestrados y más tarde liberados. Este último suceso ha sido la gota que ha colmado el vaso y ya se han tenido que tomar cartas en el asunto, para tratar de buscar una solución lo antes posible.
Uno de los problemas es que, bajo la ley vigente, personal militar no puede ir embarcado en un buque civil.
Según confirmaron fuentes de Interior, se ha dado luz verde a la petición de los propietarios de varios buques ante la peligrosidad de estas aguas y los constantes asaltos de piratas a los barcos que operan en las costas del Cuerno de África. Se trata de una mera autorización administrativa que debe solicitar siempre cualquier empresa o institución que desee contar para su protección con algún tipo de seguridad privada. Ante esto se plantean dos problemas; el tipo de armas que la ley permite utilizar, que tiene potencia de fuego muy limitado y probablemente insuficiente para poderse defender de los ataques de los piratas, que vienen fuertemente armados, y el otro es la financiación de la seguridad privada, ya que el personal de seguridad cuesta 6.000 euros per capita. El gobierno ha acordado lo siguiente: el 25% lo pagará el Gobierno Central, otro 25% lo pagará el gobierno autonómico y el restante 50%, los armadores.
Viendo esto me siento obligado a comparar esta situación; los guardaespaldas de los políticos. Cuando una persona se convierte político, tiene derecho a tener un guardaespaldas financiado por el gobierno. El político al igual que el pescador tiene el mismo derecho a ejercer su profesión de manera segura, entonces por qué el político tiene el guardaespaldas pagado en su totalidad por el gobierno y el armador tiene que pagar el 50% de sus servicios? Parece un tanto injusto. Parece injusto por que al fin al cabo son dos personas que dan servicio a un país y las dos son importantes en sus funciones, una por que organiza un país y la otra ,junto a otros muchos compañeros de sector, sustentan la economía de dicho país.
Podrían haber varias soluciones al conflicto. La primera modificar la ley para que personal militar pueda embarcar en buques civiles al igual que lo hacen otros países europeos como Francia o Italia, la segunda, poder utilizar armamento más sofisticado por el servicio de seguridad privada y a la vez que esta sea financiada en su totalidad por el gobierno, ya que el pescador como cualquier otro trabajador forma parte de la economía del país.
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